La Región

Una familia originaria del estado de Oaxaca acusó a la Secretaría de Marina (Semar) de haber participado en la ejecución extrajudicial de dos de sus seres queridos y en la desaparición forzada de tres más.

Acusan a marinos de muertes y desapariciones en Veracruz

* Aunque trataron de volver a su domicilio el día 4 de enero de 2017, las protestas contra el gasolinazo les impidieron utilizar la autopista. Decidieron quedarse un día más e intentar irse por una ruta alternativa al día siguiente.

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Miércoles, 1 de Marzo de 2017
Redacción / El Independiente

Una familia originaria del estado de Oaxaca acusó a la Secretaría de Marina (Semar) de haber participado en la ejecución extrajudicial de dos de sus seres queridos y en la desaparición forzada de tres más, ocurrida apenas en enero pasado en el puerto de Veracruz.

En entrevista con La Jornada, el abogado Homero Pérez Aquino, representante legal de las víctimas, explicó que el pasado 30 de diciembre de 2016 unos 15 integrantes de la familia Ramírez Bravo, acompañados de amigos, salieron de Huajuapan de León, Oaxaca, con rumbo a Veracruz, para pasar ahí sus vacaciones.

Aunque trataron de volver a su domicilio el día 4 de enero de 2017, las protestas contra el gasolinazo les impidieron utilizar la autopista. Decidieron quedarse un día más e intentar irse por una ruta alternativa al día siguiente.

De acuerdo con el litigante, los hermanos Jaciel y Levy Ramírez Ramírez, acompañados de Rafael Ramírez Bravo, su primo Hugo Ramírez Bravo y Luis Ortega, amigo de la familia, salieron el 5 de enero a ponerle gasolina a su camioneta modelo Escalade, color blanco.

Levy le avisó a sus padres que ya habían cargado combustible e iban a recoger a su familia, pero a las 5:30 de ese día, los parientes de los jóvenes se enteraron por las noticias que dos de ellos habían sido asesinados: Luis Ortega y Hugo Ramírez Bravo.

Tras acudir al lugar, la madre de una de las víctimas se encontró con elementos de seguridad que le impidieron bajarse de su vehículo para preguntar por el resto de sus familiares. Sin embargo, testigos de los hechos le dicen que quienes asesinaron a los dos jóvenes y se llevaron a tres más fueron elementos de la Marina.

Desde ese momento, no se ha sabido más de Jaciel y Levy Ramírez y de Rafael Ramírez Bravo.
Al buscarlos, la familia notó que los marinos encargados de las instituciones policiacas de Veracruz le negaron haber arrestado a los muchachos desaparecidos o tenerlos bajo su custodia.
Al investigar por su cuenta, señaló el abogado, los familiares recabaron testimonios de elementos de la Armada de México en las que admitieron que sí fueron marinos los encargados de ese operativo.

Más aun: al indagar por el destino de la camioneta Escalade, se dan cuenta de que el vehículo primero no aparecía registrado en ningún corralón, pero luego es ubicada en uno donde ingresó el 14 de enero, pero con una boleta que consigna el ingreso del auto el día 22.

En el auto, según Pérez Aquino, no tenía ninguna huella dactilar, como si hubieran sido borradas por los uniformados, pero ahí se encontraron tres cabellos que podrían ser de militares, a juzgar por el corte de las evidencias.

De igual manera, se obtuvieron los videos de seguridad de la gasolinería donde fueron asesinados dos de las víctimas, pero según el abogado, las cintas fueron editadas por la propia Marina y no se le permitió revisar el material.

El 9 de febrero, además, la madre de las víctimas recibió una llamada anónima en donde se le decía que el responsable de la desaparición forzada era el teniente de corbeta Gardiel Andrade Arana, quien es miembro activo de la Marina.
De acuerdo con el abogado, el propio subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación se ofreció a hacer algunas gestiones para lograr la liberación de los desaparecidos, pero sin éxito alguno.

Finalmente, el Juzgado Tercero de Distrito admitió un juicio de amparo promovido por los familiares por desaparición forzada y le pidió a la Semar que libere a los detenidos y los presente ante un juzgado de distrito.

El tema ya fue retomado por la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien le presentó el caso al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, instancia que ya le pidió una acción urgente al Estado mexicano y le solicitó medidas cautelares para la familia.
Según el encargado legal de la defensa, al parecer los marinos confundieron a los jóvenes con un grupo de hombres armados a quienes se les reportó con un vehículo de modelo y color similar.

Los uniformados no quieren entregar a los tres jóvenes desaparecidos “porque saben que los confundieron y quieren sanear su error. Por eso los mantienen incomunicados, tratando de llegar a una verdad que jamás van a encontrar”, aseveró.